Desde que entró en vigencia la Reforma Fiscal, toda persona jurídica debe identificar al beneficiario controlador. Esto con el objetivo de hacer más transparentes las estructuras jurídicas y evitar el blanqueo de dinero, así como la evasión fiscal.
Uno de los términos más escuchados dentro de la agenda anticorrupción es el de beneficiario controlador. Y es que, en la actualidad, diversas investigaciones han encontrado que algunas redes de corrupción usan empresas fantasmas para desviar grandes cantidades de dinero.
Pero, ¿de qué trata exactamente este término y cómo impacta a las empresas? Te mostramos todo lo que necesitas saber acerca del tema.
¿Qué es un beneficiario controlador?
El beneficiario controlador, conocido también como beneficiario real o final, es toda aquella persona que controla y obtiene beneficios de una entidad, y también de los ingresos que se puedan generar a partir de esta.
En palabras más sencillas, el beneficiario controlador o final de una empresa es aquel individuo que controla determinados porcentajes de acciones de una compañía. Esto puede hacerlo mediante otro instrumento financiero o compañía.
El beneficiario final puede ser otro diferente al dueño legal de una empresa o propiedad. Por ejemplo, una persona moral puede ser dueña de un bien inmueble, pero a su vez ser controlada por una o más personas.
Según el CFF, cuando se habla de beneficiario controlador se refiere a:
- Personas físicas que obtienen beneficios derivados de la participación en una figura jurídica o persona moral.
- Aquella persona que ejerza el control de una figura jurídica o fideicomiso, ya sea que dirija la administración, imponga las decisiones en asambleas de accionistas, entre otros.
Sin embargo, cuando no sea posible identificar a la persona física bajo los criterios anteriores, se considera como beneficiario final a la persona administrador del individuo jurídico o moral.
¿Cómo impacta a las empresas esta figura?
Es fundamental que las empresas identifiquen a los beneficiarios reales y cumplan con esta obligación fiscal. Cualquier sociedad mercantil o civil, cooperativas, fideicomisos, entre otras, que incumplan con esta obligación pueden sufrir importantes sanciones económicas:
- No presentar información acerca del beneficiario real o presentarla en otro tipo de formato del que especifica el SAT, tendrá una multa de entre 1 millón 500 mil pesos mexicanos hasta los 2 millones por cada beneficiario real.
- No tener los datos actualizados acerca de los beneficiarios ocasionará una multa entre 800 mil y 1 millón de pesos mexicanos por cada beneficiario.
- Si se presentan los datos de manera incompleta o con algunos errores será multado por un monto entre 500 mil pesos mexicanos hasta 800 mil pesos mexicanos por cada beneficiario.
Otras sanciones que pueden aplicarse a las compañías que incumplan con esta obligación tiene que ver con los CSD (certificados de sellos digitales). Estos pueden quedar sin efecto por parte del SAT.
Si tienes dudas acerca del tema puedes contactar con Sheep, los expertos en materia fiscal. Nuestro equipo podrá asesorarte y evitar así posibles multas para tu empresa.
